Barranquilla – Durante más de 27 años, Atenas Seguridad Privada Ltda., constituida el 24 de junio de 1996 , se ha consolidado como un pilar de confianza y respaldo en la ciudad. Lejos de ser solamente una corporación, la empresa es el motor y sustento de más de 500 trabajadores, caracterizándose por apoyar el desarrollo integral y el bienestar de ellos y sus familias. Respaldada por estrictas certificaciones internacionales para un comercio seguro como BASC, la compañía cuenta con una trayectoria intachable.
Sin embargo, hoy se encuentra enfrentando una malintencionada campaña que busca destruir su buen nombre, alimentada por medios de comunicación que han omitido por completo su deber profesional y ético de verificar la información antes de publicarla. La compañía ha sido enfática en aclarar que esta no es una simple defensa corporativa, sino una lucha por el derecho al trabajo y la presunción de inocencia.
La controversia nace de unas exigencias desproporcionadas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), entidad que pretende obligar a las empresas a acceder al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación. Las altas cortes han reiterado que el acceso a estos sistemas informáticos y a las anotaciones de «indiciados» es de uso exclusivo y reservado para los funcionarios de la Fiscalía .Atenas Seguridad Privada rechaza categóricamente estas imposiciones, recordando que en Colombia una denuncia no es una condena «.
Exigirle a una empresa que viole el derecho al trabajo de una persona que a diario busca el sustento para su familia basándose en una simple queja o denuncia (que no se sabe a ciencia cierta si es verdad y que bien puede ser archivada), es un atropello a la dignidad. La empresa es absolutamente estricta y responsable en sus filtros de contratación: todo su personal operativo rinde cuentas ante las bases de datos legales y públicas, demostrando no tener requerimientos vigentes ante la Policía Nacional, la Procuraduría y la Contraloría, Hasta ahí llega la facultad legal de investigación de cualquier empresa privada.A pesar de que las pruebas demuestran el cumplimiento legal de la compañía, la Supervigilancia comunicó de forma apresurada supuestas sanciones definitivas, causando que los medios generaran una percepción pública equivocada que afectó la estabilidad comercial de la organización, Ante este panorama, la justicia ya tomó cartas en el asunto. El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla falló en primera instancia una acción de tutela a favor de Atenas Seguridad Privada, determinando de manera contundente que la Supervigilancia vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.
El juez ordenó a la entidad estatal hacer claridades y garantizar que sus comunicaciones reflejen el estado real del proceso. No obstante, la Superintendencia ha asumido una postura de rebeldía institucional, negándose de forma caprichosa a retractarse e incurriendo en un reprochable desacato al no corregir la información que hicieron pública.
En medio de este ruido mediático y administrativo, el principal respaldo de Atenas no proviene de campañas publicitarias, sino de la inquebrantable lealtad de sus usuarios.
A la fecha, la empresa destaca que no existe un solo cliente insatisfecho; por el contrario, son ellos mismos sus mejores ejecutivos comerciales. El acompañamiento personal, la asesoría integral y los altos valores morales que rigen a la institución hacen que sean los propios clientes quienes recomiendan sus servicios a otros.Atenas Seguridad Privada reitera que es una empresa íntegra, de valores sólidos y con personal altamente calificado.
Las recientes actuaciones administrativas no solo carecen de sustento técnico y legal, sino que atentan contra la majestad de la justicia al desobedecer un fallo constitucional, amenazando injustamente el sustento de cientos de familias barranquilleras.
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