El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, ha manifestado su profunda preocupación frente a las disposiciones del Gobierno Nacional que imponen restricciones directas a las labores de control durante las jornadas de votación.El punto central de la controversia radica en la decisión del Gobierno de mantener la prohibición del uso de teléfonos celulares para los servidores del Ministerio Público mientras se encuentren desplegados en los puestos de votación. Esta directriz ha encendido las alarmas dentro del ente de control, que considera la medida un obstáculo directo para sus labores sobre el terreno.Un freno a la vigilancia constitucionalA juicio del Ministerio Público, esta restricción tecnológica carece de un fundamento válido y constituye una «injustificada limitante» para el correcto ejercicio de sus funciones.La Procuraduría advierte que impedir a sus funcionarios el uso de herramientas de comunicación en tiempo real entorpece gravemente la capacidad de reacción y la vigilancia constitucional, elementos fundamentales para garantizar la transparencia y el normal desarrollo de los procesos electorales en el país.
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