Sujetos armados en motocicleta dispararon contra el vehiculo en el que se desplazaba la comunicadora y excandidata a la Camara; el Gobierno ordeno reforzar su esquema de seguridad
Nacional / Judicial y Libertad de Prensa | El Informante 24
Un enérgico rechazo institucional generó el atentado a bala perpetrado contra la periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Naylea Barros, mientras transitaba a bordo de su vehículo particular por vías de la ciudad de Santa Marta.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, condenó abiertamente cualquier manifestación de violencia contra el ejercicio periodístico e instó a las autoridades de policía y judiciales a implementar de manera inmediata medidas efectivas para salvaguardar la integridad de Barros, así como a acelerar las indagaciones para dar con los responsables intelectuales y materiales de la acción criminal.
Detalles de la agresión armada y amenazas previas
De acuerdo con la denuncia formal radicada por la comunicadora, el ataque ocurrió bajo una modalidad directa de hostigamiento:
- Dinámica del atentado: Dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el automotor y abrieron fuego en reiteradas oportunidades. La periodista y una familiar que la acompañaba resultaron ilesas de manera providencial.
- Impactos en el vehículo: Los proyectiles atravesaron el vidrio trasero izquierdo del automóvil, impactando justo detrás del puesto que la profesional de los medios había ocupado minutos antes de la balacera.
- Intimidaciones constantes: Barros denunció ante los investigadores que durante más de tres meses venía siendo blanco de recurrentes amenazas de muerte, hostigamientos y mensajes intimidatorios enviados a través de redes sociales y WhatsApp.
- Respuesta del Ejecutivo: El presidente Abelardo De La Espriella ordenó la apertura de una investigación prioritaria y dispuso la asignación de un esquema de protección de emergencia para garantizar la seguridad de la comunicadora mientras concluyen las pesquisas de la Fiscalía y la Policía Judicial.
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