La directora de la ANT, Lina María Garrido, denunció desde Montería que la administración anterior entregó fincas embargadas y terrenos que ni siquiera figuran en el Banco de Tierras
Nacional / Política y Agro | El Informante 24
La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, anunció desde la ciudad de Montería una revisión exhaustiva a las denuncias sobre la entrega irregular de predios a campesinos en el departamento de Córdoba. Según advirtió la funcionaria, la entidad descubrió casos alarmantes en los que los terrenos fueron adjudicados sin contar con el respectivo saneamiento jurídico ni títulos legales que garanticen la propiedad para los trabajadores rurales.
Ante este delicado panorama, el nuevo Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender temporalmente los trámites administrativos relacionados con la compra de tierras, acatando una directriz ministerial, mientras la ANT revisa y reorganiza a fondo todos sus procedimientos internos.
Irregularidades detectadas y cuestionamientos financieros
Durante su intervención, Garrido detalló las graves inconsistencias heredadas en los procesos de adjudicación:
- Entregas con embargos: La entidad determinó que algunos predios fueron entregados de manera anticipada a los labriegos a pesar de registrar embargos vigentes o de no cumplir con las condiciones jurídicas mínimas exigidas para su adjudicación legal.
- Terrenos «fantasma»: La funcionaria fue enfática al advertir que la ANT no podrá titular determinados terrenos prometidos, debido a que dichos lotes ni siquiera figuran dentro del inventario del Banco de Tierras de la institución.
- Transparencia con el campesinado: Frente a este escenario, la actual administración se comprometió a realizar un análisis caso por caso y a informar directamente a las familias campesinas afectadas sobre las condiciones jurídicas reales del predio que ocupan.
- Dudas presupuestales: Finalmente, la directora cuestionó severamente el manejo de los recursos públicos durante el gobierno anterior. Garrido señaló presuntas irregularidades en el manejo de cifras millonarias del orden de un billón de pesos, indicando que la ANT habría ejecutado medio billón bajo condiciones que hoy son materia de revisión.
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