El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, defendió enfáticamente la reciente expedición del Decreto 1525 de 2026, una nueva normativa que establece los lineamientos de orden público y la actuación institucional frente a la protesta social en Colombia. Bajo la premisa de que «se acabó la guachafita», el mandatario aseguró que el Estado garantizará el respeto absoluto a la movilización pacífica, pero advirtió de manera tajante que no se tolerarán actos de violencia ni escenarios de vandalismo.
De acuerdo con las declaraciones del jefe de Estado, la medida gubernamental tiene el propósito de fortalecer las garantías constitucionales de los ciudadanos que deciden manifestarse pacíficamente, al tiempo que busca asegurar que la intervención de la fuerza pública se realice de forma estricta dentro del marco legal vigente. En ese sentido, las autoridades tendrán la directriz de actuar frente a hechos delictivos y bloqueos viales que vulneren o afecten los derechos fundamentales de otros ciudadanos que no participan en las marchas. De la Espriella sostuvo que el derecho a protestar debe coexistir armónicamente con los derechos a trabajar, estudiar, movilizarse libremente y vivir en paz.
El decreto, firmado este martes 13 de octubre, establece entre sus parámetros operativos que la Policía Nacional podrá intervenir de forma directa cuando se presenten situaciones graves de violencia, como el uso de armas de fuego o explosivos, dirigiendo las acciones individualmente contra los responsables sin que el diálogo previo se convierta en un obstáculo. El presidente ratificó que aquellos individuos que cometan actos violentos durante las movilizaciones enfrentarán la aplicación rigurosa de la ley, garantizando siempre el respeto por el debido proceso.
Este pronunciamiento oficial y la entrada en vigencia del documento normativo se conocen precisamente en la víspera de las marchas y concentraciones sociales convocadas por diferentes sectores para este miércoles 14 de octubre a nivel nacional.
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