En medio de las movilizaciones ciudadanas convocadas en oposición al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, se han registrado graves denuncias sobre actos vandálicos dirigidos contra el sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá. La afectación a la infraestructura de movilidad ha generado un amplio rechazo social, poniendo nuevamente sobre la mesa el debate de la seguridad durante la protesta social.
Si bien líderes políticos de la oposición, como el expresidente Gustavo Petro y el congresista Iván Cepeda, han expresado su respaldo público a estas movilizaciones, las denuncias subrayan que este apoyo político no demuestra que dichos dirigentes hayan ordenado los daños registrados en las estaciones y los articulados. El debate público se centra en no estigmatizar la manifestación, separando las posturas políticas legítimas de los actos delictivos que afectan los bienes públicos de la ciudad.
Ante estos hechos de destrucción, se ha hecho un llamado urgente a las autoridades competentes para que inicien las labores de inteligencia y vigilancia necesarias que permitan individualizar a los sujetos que participaron directamente en los hechos de vandalismo. Distintos sectores de la sociedad civil exigen que se determinen las responsabilidades penales y que caiga todo el peso de la ley sobre los infractores, exigiendo que se les diferencie claramente de la inmensa mayoría de ciudadanos que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse de manera pacífica.
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