EL INFORMANTE 24 | SALUD Y POLÍTICAUn duro revés judicial para el Gobierno Nacional. En las últimas 48 horas, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión provisional de urgencia del Decreto 182 de 2026, una movida del Ejecutivo que pretendía trasladar de manera masiva a más de 2,6 millones de afiliados hacia la Nueva EPS.El magistrado a cargo argumentó que asignar esta inmensa población a una entidad que actualmente se encuentra bajo intervención estatal podría generar «resultados catastróficos y afectaciones irreparables» en la atención de los pacientes. Gremios como ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) celebraron la decisión judicial, calificando de «impensable» la medida, especialmente tras revelarse que la deuda de la Nueva EPS dio un salto escalofriante: pasó de $5,4 billones en 2022 a más de $21 billones en 2025, dejando a la entidad con un patrimonio negativo insostenible.
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