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La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional emitió un severo llamado de atención al constatar que, transcurridos nueve años desde la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira, el Estado colombiano no ha podido probar avances reales ni verificables en el acceso a agua potable para la infancia de la etnia Wayuu. El alto tribunal ordenó un nuevo paquete de medidas con plazos estrictos y requirió la intervención directa de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para investigar las faltas sistemáticas de los entes responsables.
El pronunciamiento formalizó la falta de acreditación en los estándares mínimos de cobertura, continuidad y calidad del recurso hídrico en los municipios priorizados de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.
«Las entidades no acreditaron resultados verificables y tampoco probaron que la población infantil Wayuu reciba el servicio bajo los estándares exigidos por la Corte», explicó el magistrado ponente Carlos Camargo Assis.
Balance territorial y deficiencias en el censo de la población
El tribunal evaluó el desempeño individual de los entes territoriales y ministeriales obligados por la providencia:
- El único avance reconocido: La Corte destacó únicamente la gestión adelantada en Riohacha, donde las autoridades lograron censar e identificar al 94.7 % de la población infantil Wayuu. Este registro permite mapear con precisión las necesidades de abastecimiento y la ubicación geográfica de los menores.
- Rezagos críticos: Los municipios de Maicao, Manaure y Uribia reprobaron la evaluación al no presentar resultados suficientes en la caracterización de sus comunidades, una tarea calificada como pilar indispensable para dirigir las inversiones públicas y construir la infraestructura de acueductos rurales.
- Apertura de pesquisas: Tras verificar la persistencia de barreras técnicas y administrativas, la magistratura instó a los organismos de control disciplinario y penal a establecer la responsabilidad de funcionarios gubernamentales e inspeccionar la ejecución de los presupuestos destinados al acceso al agua.
El ultimátum del tribunal constitucional busca destrabar las inversiones en infraestructura básica para reducir las tasas de mortalidad infantil asociadas a la sequía y la desnutrición en el departamento.
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