Economía / Tecnología | El Informante 24
El modelo laboral para el trabajo en plataformas digitales atraviesa un giro sustancial en el país. Según estimaciones de Alianza In, más de 645.000 personas se dedican al reparto a través de aplicaciones móviles como Rappi y DiDi Food, lo que equivale a casi tres de cada 100 trabajadores ocupados en el territorio nacional. Sin embargo, la amplia mayoría de esta población opera históricamente en condiciones de informalidad y sin cobertura en salud, pensión o riesgos laborales.
Para hacer frente a esta vulnerabilidad, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0091 de 2026 con el fin de reglamentar la cotización e integración de los domiciliarios al sistema de protección social. La medida fija reglas para diferenciar a los trabajadores en modalidades autónomas o subordinadas, regulando el Ingreso Base de Cotización (IBC) sobre un porcentaje de sus ingresos y estableciendo tablas proporcionales de cotización por semanas según el nivel de ganancia de cada repartidor.
Puntos clave del nuevo marco regulatorio y posturas de la industria
La implementación del decreto ha generado reacciones encontradas entre el Ejecutivo y las empresas del sector:
- Magnitud del sector: Más de 645.000 domiciliarios generan ingresos en las plataformas, representando una fuerza de trabajo crucial en la economía urbana.
- Esquema de cotización: El decreto establece fórmulas para calcular los aportes a salud, pensión y ARL basándose en porcentajes de los ingresos generados, buscando vincular formalmente a los repartidores.
- Cuestionamientos del gremio: Alianza In —asociación que agrupa a las principales plataformas digitales— rechazó la expedición del decreto argumentando que contradice el consenso concertado previamente en la Ley de Reforma Laboral.
- Solicitud de derogación: Las empresas de domicilios solicitaron formalmente al Gobierno saliente y al entrante revisar o derogar la norma, advirtiendo un impacto económico negativo en los costos operativos y en la sostenibilidad del modelo.
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