La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Carolina Restrepo, anunció que revisará contrato por contrato y pondrá en conocimiento de las autoridades penales y fiscales cualquier irregularidad
Nacional / Control y Gestión Pública | El Informante 24
Una minuciosa revisión contractual y financiera fue ordenada al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La directora general de la entidad, María Carolina Restrepo Cañavera, anunció la apertura de una investigación formal tras detectar un incremento extraordinario en las órdenes de prestación de servicios, pasando de 6.427 contratos en 2022 a 9.795 en 2024.
La funcionaria enmarcó este hallazgo dentro del comportamiento general de la contratación estatal en el país, explicando que entre agosto de 2022 y junio de 2025 los contratos por prestación de servicios en el Estado pasaron de 221.201 a 418.805, lo que representó una disparada presupuestal que escaló de $8 billones a $15 billones de pesos. Según Restrepo, el ICBF no fue ajeno a esa dinámica de crecimiento en contratos profesionales y de apoyo a la gestión.
Revisión rigurosa y traslado a organismos de control
Frente al volumen de contratistas y los recursos comprometidos, la dirección del ICBF estableció un esquema de verificación detallada:
- Inspección técnica: «Estamos revisando la contratación con rigor, contrato por contrato, objeto por objeto, obligación por obligación, producto por producto. Necesidad, ejecución, cumplimiento y resultados», enfatizó Restrepo al explicar los criterios de auditoría.
- Cero impunidad: La titular de la entidad advirtió que no se tolerarán anomalías ni acuerdos ficticios: «Colombia va a saber lo que encontremos. Va a saber quién contrató, quién fue contratado, cuánto recibió, para hacer qué y qué entregó a cambio. Sin privilegios. Sin intocables. Sin esconder nada».
- Denuncias formales: En caso de identificar anomalías administrativas o patrimoniales, los expedientes documentados serán radicados directamente ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y, de configurarse delitos, ante la Fiscalía General de la Nación.
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