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La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó el retiro oficial de los esquemas de seguridad que el Estado le había asignado a la exviceministra de las Juventudes, Juliana Guerrero, y al activista y youtuber político Beto Coral.
La entidad gubernamental realizó recientemente una reevaluación técnica de las condiciones de seguridad de ambas personas, determinando que los niveles de riesgo actuales no justifican mantener las medidas de protección.
Costos millonarios e investigaciones penales en curso
La decisión se produce en medio de fuertes cuestionamientos sobre la asignación de estos esquemas a figuras cercanas al Pacto Histórico durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro:
- Impacto fiscal: Los reportes indican que mantener las medidas de seguridad de Guerrero, Coral y de la ciudadana Gabriela Muñoz, le representaba al Estado colombiano un costo aproximado de 40 millones de pesos mensuales.
- Plazo legal: Los afectados cuentan con un término de 10 días para presentar un recurso de revisión y apelar la determinación adoptada por la UNP.
- El proceso judicial de Guerrero: El retiro del esquema de Juliana Guerrero coincide con un grave proceso judicial en su contra. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos recientemente por la presunta presentación de títulos universitarios falsos (de la Universidad San José) en su hoja de vida para poder posesionarse como viceministra.
- Más denuncias: A este escándalo por falsedad documental se suman otras denuncias en contra de la exfuncionaria por la presunta obtención de beneficios económicos irregulares a través del trámite de contratos en entidades estatales durante la pasada administración.
¿Qué opina sobre la decisión de la UNP de retirar estos costosos esquemas de seguridad pagados con recursos públicos? Déjenos su análisis en la caja de comentarios, comparta esta nota informativa para promover el debate ciudadano y regálenos un «Me gusta» para continuar ejerciendo veeduría y control sobre los recursos del Estado.
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