Las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), han reavivado el debate político en Colombia en torno al proceso de designación de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes. La exfuncionaria aseguró públicamente que el entonces presidente Gustavo Petro le dio instrucciones directas para avanzar con dicho trámite, a pesar de las inconsistencias halladas en la hoja de vida de la aspirante.
De acuerdo con el relato de Rodríguez, ella le advirtió formalmente al mandatario sobre la ausencia de los soportes académicos necesarios que acreditaran el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para ocupar el cargo directivo. Sin embargo, la exdirectora del Dapre afirmó que Petro insistió en continuar con el procedimiento y le reiteró, durante una de sus conversaciones, que el nombramiento correspondía a una orden presidencial.
Rodríguez sostuvo que sus objeciones se basaban estrictamente en la revisión de la documentación académica de Guerrero y en la obligación de garantizar la legalidad de los nombramientos gubernamentales. Según la versión entregada por la exfuncionaria, este desacuerdo específico fue el detonante de las tensiones que posteriormente marcaron su paso por la administración. El caso de Juliana Guerrero generó una fuerte controversia a nivel nacional debido a las dudas suscitadas sobre los títulos académicos presentados para respaldar su aspiración, una situación sobre la cual Rodríguez asegura haber advertido antes de que el asunto cobrara relevancia pública.
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